Las competencias de la Secretaría General se hallan determinadas por la normativa universitaria y los Estatutos de la Universidad de Murcia. De conformidad con dicho marco normativo, en la actualidad la Secretaría General aglutina la Asesoría Jurídica, la Inspección de Servicios, el Servicio de apoyo al Consejo de Dirección, las competencias en materia de Convenios y Protocolo e impulsa la Administración electrónica (e-admón.).

En estas áreas de actuación, y a fin de sentar las bases de una universidad más competitiva, se plantean las siguientes propuestas, con el doble propósito de actualizar y mejorar la calidad de la normativa universitaria que afecta a los procesos administrativos y de velar por su cumplimiento, así como de lograr una administración universitaria más simplificada, eficiente y ágil.

Impulso normativo y control de la legalidad

  1. Culminación del proceso de iniciativa para la aprobación por el Claustro de los nuevos Estatutos de la Universidad de Murcia.
  2. Reforma de la normativa interna (electoral, disciplinaria, etc.) de la UM a fin de adaptarla a los nuevos Estatutos.
  3. Mejorar la publicidad de la normativa universitaria:
    1. A tal fin, se llevará a cabo la actualización de la normativa universitaria publicada en la web de la UM, así como la publicación en su versión consolidada incorporando, en su caso, sus ulteriores modificaciones.
    2. Configurar el TOUM como base de datos que conserve los documentos.
  4. Coordinación de las actuaciones normativas impulsadas por los Vicerrectorados o Gerencia, garantizando el cumplimiento estricto del Protocolo de procedimiento para la aprobación de Reglamentos por el Consejo de Gobierno y, de esta forma, la participación de la comunidad universitaria en el proceso reglamentario mediante la posibilidad de alegaciones y audiencia.
  5. Seguimiento de la actividad normativa externa y, en particular, de la procedente de los poderes legislativo y ejecutivo de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, con la finalidad de procurar, en primer lugar, que eventuales reformas no resulten contrarias al interés del servicio público de la educación superior y, en segundo término, formular propuestas normativas concretas para la implementación de las políticas universitarias.
  6. Reforzar las unidades vinculadas a la Secretaría General, con la finalidad de dotar de medios personales que permitan:
    1. Garantizar una adecuada asistencia a favor de los órganos colegiados y unipersonales de representación y gobierno (Servicio de Apoyo al Consejo de Dirección), dotando de mayor agilidad, en especial, a la tramitación de convenios, para lo cual es preciso que el mencionado Servicio disponga de más recursos personales y técnicos de significativa cualificación, habida cuenta de su elevada carga de trabajo y de la responsabilidad de su cometido, que, en la actualidad, se sostiene gracias a la calidad del personal que presta servicios en el mismo, pese a su insuficiencia de efectivos.
    2. Impulsar de modo decidido y efectivo la Inspección de Servicios (área claramente infradotada), en beneficio de su imprescindible labor de garantía del cumplimiento de la normativa universitaria y como instrumento para la mejora de la gestión administrativa.
    3. Y, por último, mejorar la capacidad de asistencia jurídica y de defensa procesal de la Universidad de Murcia que se ejerce a través de la Asesoría Jurídica, potenciando su disponibilidad de personal de alta cualificación jurídica, de modo que le sea realmente posible atender sus cometidos dentro de los tiempos marcados al efecto y sin merma de calidad técnica.
  7. Adecuación de los procedimientos al nuevo Reglamento europeo General de Protección de Datos, Reglamento 2016/679, de 27 de abril, en vigor desde 25 de mayo de 2018. El RGPD impone un tratamiento determinado de los datos, la elaboración de un Registro de actividades del tratamiento, el nombramiento de un delegado de protección de datos, la promoción de códigos de conducta, etc., correspondiendo a la Secretaría General impulsar el cumplimiento de tales obligaciones en garantía de los derechos fundamentales de las personas usuarias que la norma tutela.

Mejorar la eficacia de la gestión

  1. Reforzar significativamente las unidades encargadas de dotar a la Universidad de Murcia de las herramientas técnicas precisas para el impulso de la Administración electrónica (en todas sus vertientes).
  2. Avanzar en los procesos de incorporación de las nuevas tecnologías en la gestión universitaria así como de adecuación de los procedimientos a las nuevas exigencias legales. A tal efecto, se propiciará:
    1. La revisión, actualización y desarrollo de la normativa universitaria para su adecuación a las previsiones y a las exigencias de las leyes 39 y 40 de 2015, de 1 de octubre, en materias tales como las sesiones a distancia de órganos colegiados (Consejos de Departamento, Comisiones Permanentes, etc.), registro, archivo de documentos, expediente electrónico y cuantas se desprendan de las citadas disposiciones legales.
    2. En particular, una adecuada actualización de las reglas de funcionamiento del Claustro y del Consejo de Gobierno, en la medida en la que se ha de intentar una mayor operatividad de las sesiones de tales órganos, abriendo, en su caso, la posibilidad de que los asuntos de mero trámite puedan ser abordados mediante sesiones a distancia.
  3. La nueva Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas supone, para la Universidad de Murcia, le imposición de muy diversas obligaciones en materia de Administración electrónica, que precisan de determinados niveles de adecuación técnica y procedimental. En este sentido, se adoptarán las medidas necesarias en los siguientes ámbitos de actuación:
    1. En primer lugar, la creación de las Oficinas de Asistencia en materia de Registro, conforme a la Ley 39/2015, cuya entrada en vigor se producirá el 2 de octubre de 2018. La disponibilidad de un Registro Electrónico General interoperable e interconectado con los de las restantes entidades públicas supondrá un avance cualitativamente esencial, en cuanto será posible la presentación de escritos, instancias, solicitudes (acreditaciones, sexenios, etc.) de un modo especialmente sencillo y eficaz. No obstante, también plantea importantes retos para la UMU: En primer término, la Ley 39/2015 requiere el cumplimiento de determinadas obligaciones de servicio público que imponen contar con funcionarios habilitados que auxilien en la tramitación electrónica, por lo que exige una atención y un refuerzo singular de nuestros actuales registros, así como el adecuado reconocimiento a su personal en cuanto alcance niveles de mayor cualificación en sus competencias técnicas. En segundo lugar, la norma exige que los registros sean interoperables, es decir, que recojan (califiquen y digitalicen) los documentos de cualquier Administración pública y los dirijan a su destino, razón por la cual, deberá dotarse a tal servicio de los recursos precisos (efectivos, formación, revisión de cometidos y actualización de su reconocimiento, etc.). La adaptación a estos requerimientos habría de culminarse antes del 2 de octubre de 2018, de modo que se impone una actuación urgente, sin demoras.
    2. Proseguir en la línea de facilitar el recurso a las nuevas tecnologías en la gestión académica (v.gr., mediante aplicaciones para dispositivos móviles) y continuar progresando en la constante mejora de las aplicaciones existentes, como es el caso de PORTAFIRMAS.
    3. Continuar desarrollando la CARPETA CIUDADANA, mediante la incorporación de nuevos servicios a la misma.
    4. Finalizar la implementación de diversos proyectos relacionados con la administración electrónica. En particular, es esencial disponer de herramientas de tramitación electrónica que se hallen homogeneizadas y que sean aptas para la interrelación de aplicaciones y de datos, de modo que las unidades puedan comunicarse y relacionarse de modo fehaciente, ágil y siempre por medios telemáticos en la tramitación de los procedimientos electrónicos (valija administrativa, digitalización de expedientes, etc.).
  4. En el caso de la tramitación de convenios, es esencial, que ya desde el punto de partida se distinga de modo adecuado entre convenios propiamente dichos, protocolos generales, acuerdos de índole contractual, encomiendas de gestión en sentido estricto, encargos a medios propios, etc., mediante una adecuada calificación previa que evite reenvíos y dilaciones innecesarios. Por otra parte, es preciso maximizar los compromisos obtenidos con empresas por parte de los promotores, así como potenciar el relevante y no siempre bien reconocido esfuerzo del PAS, dotando al Servicio de medios materiales y humanos adecuados y suficientes. Al efecto, proponemos actualizar y mejorar la base de datos ARKON, de gestión de convenios, para una tramitación más flexible y ágil de los mismos. Asimismo, urge dotar de personal especializado en materia de documentación y archivo, para digitalizar el archivo histórico de convenios y, en general, las actuaciones de Secretaría General en tanto que encargada de la custodia y conservación del histórico de nuestros órganos colegiados generales.
  5. La supresión de duplicidades en los procedimientos y trámites administrativos, como es el caso de las aplicaciones que gestionan los curriculum a efectos de ACI e innovación docente, entre otros fines (Pagina v3 y InnovaGID).
  6. La simplificación de las aplicaciones para el registro y gestión de Estudios Propios es, asimismo, una demanda reiterada de quienes organizan y gestionan jornadas, cursos y congresos a través del actual programa CASIOPEA.
  7. La accesibilidad tecnológica a favor de las personas con discapacidad o diversidad funcional es un derecho esencial que debe tenerse en cuenta en la construcción de una sociedad igualitaria. Esta máxima constituye un presupuesto de la Universidad inclusiva. Para su consecución, es preciso mejorar la accesibilidad y usabilidad de la web universitaria, de forma que las personas con discapacidad o que, por razón de edad, estén menos familiarizadas con las tecnologías, puedan navegar sin necesidad de periféricos, ni de un hardware especial. El objetivo en este ámbito es alcanzar el nivel Triple-A, de conformidad con las Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web, según WCAG 2.0.
  8. Completar y mantener actualizadas las cartas de servicios a través de las cuales las unidades de la UMU (áreas, servicios, etc.) informan a las personas usuarias sobre las funciones que tienen encomendadas, sobre los derechos que les asisten en relación con aquellos y sobre los compromisos de calidad que se asumen en su prestación.
  9. Completar el protocolo de actuación para la tramitación de aquellos procedimientos más relacionados con las acciones de gestión (coordinación de grados y máster, equipos decanales y de departamentos) y transferencia del PDI, como es el caso de la solicitud y gestión de becas propias para estudios de Máster, la tramitación de contratos con la OTRI y de convenios de colaboración con empresas y entidades, etc.

Coordinación en materia de Transparencia

  1. Colaboración con los vicerrectorados para avanzar en materia de transparencia. Dada la importancia y necesidad de dotar de transparencia a la gestión universitaria, el anterior equipo rectoral optó por asignar esta materia a un determinado vicerrectorado, decisión que esta candidatura está determinada a mantener, sin perjuicio de la necesaria coordinación con todos los vicerrectorados y, en particular, con el constituido ad hoc.
  2. Implementar una herramienta que permita gestionar las listas de espera en las bolsas de empleo del PDI.

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3.2. Programa económico-financiero